Un Tonel de Corrupción

Naturalmente, los apologistas a ultranza del trío neopanista-Yunquista conformado por Francisco Barrio Terrazas, Francisco Molina Ruiz, y Jorge López Molinar (†) muy posiblemente dirán: "¡Son difamaciones! ¡Son calumnias! ¡Nada de eso es cierto! ¿Acaso hay más? No, no puede haberlo, porque los tres son honestos a carta cabal, son ángeles impolutos e incorruptibles incapaces de tamañas transgresiones a la Ley". A lo cual Spectator les responde por adelantado: ¡Claro que hay más! ¡Mucho más! Lo que hemos visto dista mucho de ser lo único que estos paradigmas de inmoralidad traen cargando sobre sus espaldas. Y para demostrarlo, Spectator documentará a continuación algo que raya en el colmo de la ambición fomentada por las enormes ganancias dejadas por el tráfico de drogas ilícitas con destino hacia los Estados Unidos que nació y floreció en el Estado de Chihuahua desde los primeros meses en que Francisco Barrio se instaló como Gobernador de Chihuahua: una lucha armada entre dos corporaciones policiacas distintas por la posesión de un importante cargamento de droga, una guerra que en el colmo de la indolencia fué sepultada por los dos más importantes Procuradores-protectores del narcotráfico que haya habido en México: Francisco Molina Ruiz y Jorge López Molinar.

Este vergonzoso capítulo comienza un jueves 22 de febrero de 1996, cuando cuatro oficiales de la Policía Judicial Federal que habían sido asignados a la vigilancia de un "picadero" (centro de distribución de drogas) por varios días vieron llegar al picadero a una patrulla de la Dirección General de la Policía Municipal de Ciudad Juárez (en ésta época, la Alcaldía de Ciudad Juárez también estaba en manos del PAN), reportándolo de inmediato a sus superiores. No pasó mucho tiempo para que vieran cómo varios paquetes que presuntamente contenían droga estaban siendo sacados del picadero para ser metidos dentro de la cajuela de la patrulla. Al darse cuenta de ésto, se comunicaron nuevamente con sus superiores, tras lo cual recibieron la orden de intervenir. De inmediato, los oficiales de la Policía Judicial Federal procedieron al arresto de los dos agentes tripulantes de la patrulla así como al arresto del dueño del picadero, pero justo antes de que ésto ocurriese los agentes de la Policía Muncipal tuvieron tiempo de comunicarse a otras patrullas para pedir "auxilio".

Decenas de patrullas municipales llegaron al poco tiempo, y para impedir que los policías inculpados pudieran ser llevados detenidos y acusados por el delito de tráfico de drogas, los policías municipales presentes en el lugar de los hechos sacaron sus armas ante lo cual los policías federales también sacaron sus armas, dando comienzo a una balacera que no le pidió nada a las balaceras del "lejano Oeste". En el enfrentamiento, uno de los agentes de la Policía Judicial Federal resultó muerto, y otros dos resultaron heridos, y antes de que hubiese más muertos y heridos llegaron al lugar de los hechos el Capitán Natividad Pérez Trejo de la Dirección General de Policía Municipal y Sócrates Herrera de la Policía Judicial Federal, tras lo cual se "negoció" la entrega de los presuntos policías ligados al narcotráfico así como el dueño del "picadero".

Con un muerto y dos heridos (además de la balacera en plena vía pública), ciertamente había material de sobra para que la Procuraduría de Justicia del Estado se pusiera a trabajar, ya que cualquier homicidio así sea imprudencial debe ser consignado ante un Juez Penal para la aplicación de la Justicia. Sin embargo, nada pasó. Dos meses y medio después del suceso, apareció una nota en el periódico NORTE de Ciudad Juárez el lunes 6 de mayo de 1996, en la cual se puede leer lo siguiente:

Congela la Procuraduría indagación de balacera

A dos meses y medio del enfrentamiento, aún no inculpan a responsables

A dos meses y 14 días de la balacera entre federales y polimunicipales que dejó saldo de un muerto y dos heridos, la Subprocuraduría no ha consignado la averiguación al juez en turno, a pesar de que supestamente ya terminó la averiguación.

Esta semana, ante una comisión integrada por diputados del Congreso del Estado, el subprocurador Jorge López Molinar, dijo que ya tenían completa la averiguación y sabían quién era el asesino de uno de los policías federales y el responsable de las lesiones que dos más sufrieron.

A pesar de éstas promesas, el subprocurador no ha cumplido y hasta esta semana el expediente que contiene la averiguación sobre la balacera, sigue guardado en el archivo del funcionario.

Esta misma semana el subprocurador fue cuestionado sobre el retraso en la integración de la averiguación y su consignación, y molesto señaló que no estaba retrasado en los tiempos para consignar, y que lo haría cuando lo creyera conveniente.

A continuación se reproduce la nota como apareció publicada originalmente:

Como ya se mencionó, ésta nota periodística apareció en mayo de 1996. En todos los años restantes que permanecería en el cargo, Jorge López Molinar jamás consignó ningún expediente sobre la guerra policiaca ante ningún Juez Penal. Casi tres años después de la balacera, el martes 5 de enero de 1999, apareció una nota periodística en primera plana a ocho columnas en el periódico NORTE de Ciudad Juárez que involucraba a todos los funcionarios desde Jorge López Molinar hasta el mismo Procurador Francisco Molina Ruiz abarcando inclusive al mismo Procurador General de la República (y miembro activo del Partido Acción Nacional) Antonio Lozano Gracia en un encubrimiento de proporciones gigantescas en torno a la balacera de 1996:

Estamos hablando ni más ni menos de un encubrimiento llevado a cabo hasta el más alto nivel dentro del Gobierno de México, en el cual el Procurador General de Justicia del Estado Francisco Molina Ruiz y el Procurador General de la República Antonio Lozano Gracia hicieron un "pacto de silencio". En las páginas interiores del artículo se puede leer lo siguiente:

De acuerdo a versiones de la misma PGR, la orden de suspender la detención y evitar la consignación provino del mismo procurador (panista) de la república, Antonio Lozano Gracia, quien junto con Francisco Molina Ruiz consideró que el caso provocaría un escándalo a nivel nacional por tratarse de una policía municipal de un gobierno panista, y de una policía federal a las órdenes de un panista.

Inexplicablemente durante casi tres años, la Procuraduría de Justicia del Estado permaneció sin realizar la respectiva consignación del caso ante un juez penal y fue hasta que dejaron el gobierno estatal los funcionarios emanados de Acción Nacional (alusión a la salida de Francisco Barrio Terrazas de la gubernatura de Chihuahua aunada a una nueva pérdida del Congreso del Estado para Acción Nacional), cuando finalmente las nuevas autoridades decidieron consignarlo.

Hay razones de sobra para suponer que éste incidente en el cual agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez estuvieron involucrados en el transporte de drogas ilícitas no fué un incidente aislado, porque apenas unas tres semanas antes de que ocurriera el incidente esta guerra policiaca, ya había estallado un escándalo en el cual otro agente de la Policía Municipal de Ciudad Juárez había sido detenido en la comisión del mismo delito; y no se trataba de cualquier agente, se trataba ni más ni menos de un agente que había sido premiado personalmente por el Gobernador Francisco Barrio Terrazas y por el Procurador General de Justicia Francisco Molina Ruiz por su "buena labor". Se trata precisamente del mismo narcopolicía (o, mejor dicho, el narcopolicía del año) José Armando Cruz Gutiérrez cuya foto ya vimos con anterioridad, en la cual aparece acompañado por el Procurador General de Justicia del Estado Francisco Molina Ruiz y por el Gobernador de Chihuahua Francisco Barrio (naturalmente).

Meses después, cuando Francisco Molina Ruiz ya había dejado de ser Procurador de Justicia de Chihuahua para ser "promovido" por sus "amplios" e indiscutibles "méritos" al alto puesto de Comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, a tan sólo tres días de que en el conocido programa documental televisivo "48 HOURS" radiado en los E.E.U.U. a cadena nacional bajo la dirección del famoso conductor de noticieros de la CBS Dan Rather se le formulara una pregunta directa al ya para entonces Comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas sobre ésta balacera relacionada con el tráfico de drogas en México, y habiendo respondido Molina Ruiz que se trataba de un simple "malentendido", Molina Ruiz fué echado a la calle de su puesto presumiblemente bajo órdenes directas del Presidente Ernesto Zedillo. Al día siguiente de que Francisco Molina Ruiz fuera corrido de su puesto como Comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, el mismo Gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas hizo saber a los medios de comunicación que le daría a Molina Ruiz su apoyo absoluto para que fuese lanzado por el Partido Acción Nacional como candidato a una Senaduría (plurinominal, naturalmente) por el Estado de Chihuahua, lo cual eventualmente logró sin que Francisco Molina Ruiz tuviera jamás que contender por el voto directo de un solo ciudadano. Naturalmente, Francisco Barrio Terrazas estaba consciente de que ya como Senador de la República, en virtud del codiciado fuero del que gozan los Senadores poniéndolos a salvo de la acción de la Justicia, Molina Ruiz no podría ser llamado a rendir cuentas por todos sus antecedentes que había dejado atrás, garantizándole así una total impunidad a su cómplice de correrías Francisco Molina Ruiz. Así se las gastan, así se protegen entre sí los privilegiados hampones delincuenciales de cuello blanco que por azares del destino logran incrustarse en la política despertando falsas expectativas y esperanzas que a la hora de la verdad son incapaces de cumplir.

Así como el multimillonario y corrupto ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari tiene un "hermano incómodo", Raúl Salinas de Gortari, al que no pudo evitar en su momento que la justicia suiza le incautara una fortuna superior a los cien millones de dólares depositada con una identidad falsa en bancos suizos, una fortuna que se presume fué obtenida como producto de las ganancias dejadas por el narcotráfico, y al que no pudo evitar en su momento que se le metiera a la cárcel en México por órdenes del Presidente Ernesto Zedillo, Francisco Barrio Terrazas también tuvo un "hermano incómodo", llamado Federico Barrio Terrazas. Este hermano incómodo era el Director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Federico Barrio Terrazas, en donde laboraba como maestro de dicho instituto el Teco egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara Sergio Américo Lastra Reza, el mismo que indoctrinó en las lides de la ultraderecha a quien sería uno de sus mejores discípulos en estas cuestiones doctrinarias propias del fanatismo, Manuel Espino Barrientos. Y al igual que Raúl Salinas de Gortari, el "hermano incómodo" de Francisco Barrio logró hacerse multimillonario gracias a los tráficos de influencias que estuvo disfrutando cuando su hermano Francisco era Gobernador de Chihuahua, con la plena protección y garantía de impunidad dadas personalmente por el Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua Francisco Molina Ruiz. A manera de ejemplo, mencionaremos el caso de unos terrenos que fueron ofertados sin licitar, los terrenos en la zona Salbárcar de Juárez, cuyo valor estaba por subir por las nubes ante la demanda de espacio operativo requerido por las empresas maquiladoras extranjeras que se estaban instalando en la ciudad.

Veamos a continuación algo que apareció a primera plana el domingo 22 de octubre de 1995 en DIARIO DE JUAREZ:

Venden Salbárcar sin licitar

Hermano del gobernador y miembros de Progreso entre los compradores

Los terrenos del Fideicomiso 118 Salbárcar, ubicada en la zona de crecimiento de la ciudad, fueron asignados sin licitación pública, pese a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado, confirmó el gerente del fondo de inversión, Héctor Ramírez Cuéllar.

Entre los compradores se encuentra la compañía Lintel, propiedad de Federico Barrio Terrazas -hermano del gobernador del Estado- así como otros empresarios que conforman el grupo Progreso, organismo que recibió del Fideicomiso 118 Salbárcar, más de ocho millones y medio de nuevos pesos.

Lintel y Dintel (que pertenece a la misma compañía) compraron dos fracciones del predio 15-A que dividieron para hacer tres naves industriales que fueron vendidas posteriormente, afirmó el gerente del Fideicomiso 118 Salbárcar, Hector Ramírez Cuéllar.

Respondiendo de inmediato (y tratando de desligarse), el Gobernador Francisco Barrio afirmó desconocer los detalles de la operación que se había llevado a cabo en la venta sin licitación de los terrenos de Salbárcar, ofreciendo renunciar a su puesto si se comprobaban irregularidades en dicha venta (esto aparece documentado en el periódico DIARIO DE JUAREZ el lunes 23 de octubre de 1995, a primera plana.) Dos días después, tal vez dándose cuenta de que había hablado de más al ofrecer su renuncia en caso de que se le comprobase que había habido un tráfico de influencias, Francisco Barrio se retractó con sus famosas palabras textuales "ahí muere"

El escándalo provocado por el asunto del tráfico de influencias en la venta de los terrenos de Salbárcar de Juárez al hermano del Gobernador a precios irrisorios dió lugar a una "guerra" entre el Gobernador Barrio Terrazas y la empresa periodística que había iniciado los reportajes, dando como resultado final el que cuarenta días después en una junta llevada a cabo el martes 7 de noviembre de 1995 en la Ciudad de Chihuahua con la presencia del Francisco Barrio los directores de la empresa en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez, Francisco Pizarro y Marco Torres, se vieran orillados "a marchas forzadas" a pedirle disculpas al Gobernador por el encabezado aparecido citando a su hermano, disculpas documentadas en un editorial aparecido el jueves 9 de noviembre de 1995 en el cual de cualquier modo quedó asentado lo siguiente: "Llama la atención, en ese contexto, la circunstancia de que entre el gobernador del estado y uno de los líderes del grupo Progreso -Francisco Barrio Terrazas y su hermano Federico- media una relación de parentesco que suscita por lo menos inquietud entre los gobernados. Y entre esa institución gubernamental y ese grupo ha habido una transferencia de recursos de poco menos de dos millones de dólares -justo el tipo de actividades que las legislaciones más avanzadas del mundo contravienen expresamente bajo figuras tales como el tráfico de influencias o el conflicto de intereses, no necesariamente por desconfiar de las personas en lo particular, o por atribuírles propensiones inmorales, sino simple y sencillamente por un criterio de elemental transparencia política".

Justo cuando el conflicto entre el Gobernador de Chihuahua y el medio de comunicación citado se acercaba a su punto más álgido, un ciudadano de nombre Antonio Castillo mandó publicar el lunes 8 de noviembre de 1995 un desplegado en el cual le pidió a Francisco Barrio que cumpliera con su palabra, pidiéndole que renunciara en virtud de otras irregularidades en las cuales este ciudadano estaba siendo afectado negativamente. La exposición de sus quejas del Sr. Antonio Castillo la podemos leer en el siguiente recorte de la publicación aparecida el lunes 6 de noviembre de 1995:

Mientras todo esto ocurría, el Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz permanecía sentado cómodamente en su escritorio sin hacer absolutamente nada en beneficio de la sociedad que le pagaba su abultado e inmerecido sueldo, viendo con indiferencia cómo se iban acumulando los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y viendo con tranquilidad cómo el "negocio" del Cártel de Juárez iba creciendo dejando mucho dinero por su paso en los bolsillos de los afortunados funcionarios encargados de brindarle protección.

Pese a que el Procurador de Justicia del Estado Francisco Molina Ruiz jamás emprendió investigación alguna en contra del "hermano incómodo" de quien le había conferido su puesto, protegiéndolo como un intocable, de cualquier modo varias anomalías y transacciones irregulares imposibles de mantener ocultas todo el tiempo de todo el pueblo empezaron a ser detectadas y documentadas por editorialistas independientes, como podemos verlo en el extracto de un artículo del Doctor Samuel Schmidt aparecido en el periódico NORTE de Ciudad Juárez el jueves 15 de agosto de 1996, que dice (el artículo está dirigido directamente en segunda persona al Gobernador de Chihuahua Francisco Barrio):

Se creó el grupo Progreso, del cual su hermano es protagonista central. El grupo recibió de su gobierno un millón de dólares a fondo perdido (¡dinero del erario público, dinero del pueblo de Chihuahua!), de los cuales una buena cantidad se ha gastado en viajes, publicidad, sueldos a exfuncionarios panistas, equipamiento de oficinas y proselitismo en colonias populares.

Se expropiaron terrenos y se introdujo infraestructura en el Lote Bravo de Ciudad Juárez donde se afectó a connotados priístas que se ampararon para frenar la expropiación. Al parecer se les ofreció a algunos que de desistirse del amparo se les expropiaría una porción mímima y se introduciría servicios en el resto de sus predios, se dice que la proporción es de 20 y 80 por ciento. Coincidentemente se dice que su hermano se asoció con uno de estos personajes para desarrollar una zona industrial en terrenos beneficiados por este acuerdo. Hace unos años se inició el proyecto Salvárcar que buscaba reorientar el desarrollo urbano de Ciudad Juárez para lo que se licitarían abiertamente las obras. Se rumora que no se hizo licitación y se manipuló para que los beneficiarios fueran panistas, entre los que está su hermano. También se dice que se está presionando a los propietarios para que vendan los predios y que se les ha llegado a amenazar si no venden con cambiarle el uso del suelo a sus predios para que no pierdan valor.

Estos tres casos rumorados sugieren señor gobernador que tiene usted un hermano incómodo que está beneficiándose de su puesto. Aunque hay ciertos alegatos ya hechos públicos que requieren una atención y respuesta inmediata en especial por lo que toca al grupo Progreso. Por qué razón el Gobierno del Estado financió a un grupo privado con fondos de esa magnitud, sin competir por esos recursos y sin presentar metas concretas. Esto es grave después de que usted ha repetido hasta el cansancio que no hay recursos en el estado y que para aumentar el gasto social, este se debe quitar de otro rubro. Al requerirle aumentar los gastos para atención de niños que sufren abuso, usted respondió que para hacerlo se debía retirar el presupuesto de la educación.

Es preocupante que los integrantes de Progreso acudan a Sedesol para que reembolse los gastos incurridos hasta ahora y que no han producido resultados sociales relevantes. En el centralismo del país y del estado que usted señor gobernador no ha eliminado, una petición y acceso a un secretario de Estado usualmente se facilita por el gobernador. Qué partidas de Sedesol está usted dispuesto a sacrificar para limpiar la imagen de Progreso y tapar ese flanco de ataque cuando se lance usted a la presidencia de la república o para las próximas elecciones de diputados.

Hay otras acusaciones donde se ve la mano oculta del hermano incómodo que por desgracia no he podido confirmar, pero cuando el río suena ... (agua lleva)

Si de algo ha beneficiado al país el caso Raúl Salinas, es que nos ha alertado y sensibilizado a todos. Ya no es tolerable que bajo el cobijo del poder político se enriquezcan las familias de los gobernantes. Y será poco creíble que como Carlos Salinas usted también aduzca desconocer los negocios de un familiar cercano.

El artículo "Las cuentas pendientes de Barrio" de Alejandro Gutiérrez, publicado el domingo 5 de Agosto del 2001 en la página 26 de la revista PROCESO 1292, abunda en detalles adicionales como los siguientes:

El mismo acuerdo (195-00 del Congreso del Estado de Chihuahua) documenta irregularidades en la compraventa de terrenos en Ciudad Juárez que son propiedad del fideicomiso, los cuales fueron acaparados por constructores locales, quienes especularon con los predios.

En uno de sus apartados, resuelve que hubo 'negligencia e incumplimiento' y que existe un 'quebranto patrimonial' que asciende a 12 mil 739 dólares al no respetar el valor por metro cuadrado de un predio, en la enajenación de 20 mil 447 metros cuadrados que se celebró con la Constructora Dintel, de la que es socio Federico Barrio, hermano del entonces gobernador panista.

Acompañando al oficio 2371/00 que el presidente del Congreso, Cesáreo Valles Machuca, envió al procurador Arturo González Rascón de fecha 27 de junio de 2000, el decreto establece:

Negligencia e incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con la función pública, al omitir contabilizar dentro del rubro de egresos la cantidad de 7,127.90 dólares que se reintegraron a la persona moral denominada Constructora Dintel, respecto de la enajenación de 20,447 metros cuadrados del lote número 1 de la manzana 15-A.

Negligencia e incumplimiento al falsear información al Comité Técnico de Salvárcar, mediante el informe de ventas, pues se muestra que la transacción realizada con la empresa Promociones Lintel -en la que Federico Barrio también es socio mayoritario- ascendió a la cantidad de $2,347,333.70, cuando en realidad fue por $2,428,235.00, lo que arroja una diferencia de $80,901.00.

Incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con la función pública, al no haberse promovido la reversión del inmueble adquirido por la empresa Promociones Lintel, ante el incumplimiento de la obligación de utilizar el lote de terreno dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la fecha en que lo adquirió, además de apreciarse actos de especulación comercial, al revender el adquiriente original 11,838 metros cuadrados del citado terreno, a la empresa denominada G.D.I. de México, obteniendo una utilidad de 218,055.96 dólares.

Inmediatamente después de esto, como parte del mismo artículo de la revista PROCESO podemos leer lo siguiente:

Tratadora de agua: negocio redondo

Como parte de las campañas de propaganda en las recientes elecciones locales en Chihuahua, la dirigencia priista ordenó la publicación de un desplegado en el que acusa a Gustavo Madero, el ex candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua y funcionario durante el último año del gobierno de Barrio, de ser uno de los beneficiarios del proyecto de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de la capital de ese estado, que tuvo un costo de 44 millones de pesos.

Llama la atención que el contenido del desplegado es similar a la información de un reporte de auditoría que realizó la Contaduría General del Congreso en cumplimiento del oficio 1351/99 de la Comisión de Vigilancia -cuya copia obra en poder de este semanario-, caso que aún no recibe un dictamen oficial para ser puesto a consideración del pleno de los diputados.

El informe de revisión comprende el período 1992-1999 y arroja que la Junta de Agua y Saneamiento local autorizó a la empresa ganadora de la licitación para construír y operar el tratamiento de mil 200 litros por segundo, Atlatec Monterrey, para que cediera sus derechos a Atlatec Chihuahua, un día después de firmado el convenio, en diciembre de 1992.

Otra irregularidad detectada es que el día que se firmó el contrato de dicho proyecto entre el gobierno estatal y Atlatec Monterrey, Atlatec Chihuahua no existía y su constitución se protocolizó ante el Registro Público de la Propiedad una semana después de dicha firma.

Aparte de Madero, otro socio de Atlatec Chihuahua es Federico Barrio Terrazas, socio de Cementos de Chihuahua y hermano de Enrique Terrazas, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Barrio (¡Y hermano del mismo Gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas!).

Al inicio de estos blogs (al comienzo de la Primera Parte en la entrada Malos Augurios), se mostró la portada de la revista "4o PODER" en donde aparece la foto del inepto, corrupto, y pedante Francisco Molina Ruiz, y en donde varios Diputados federales le piden su renuncia a éste rapaz individuo. Veamos algo de lo mucho que dice en su interior esta revista:

El Procurador de Chihuahua debe ser destituído: Diputados

Legisladores federales lo pedirán al gobernador Francisco Barrio Terrazas

Profundo malestar causó en los distintos sectores de la sociedad juarense, las insólitas declaracion(es) del procurador general de justicia del estado, Francisco Molina Ruiz, para contrarrestar la ola de crimen que abate esta frontera, lugar en donde las pretensiones de violaciones de los derechos humanos están a la puerta y la inutilidad para poner programas efectivos contra los crímenes muestra su esplendor casi a la mitad del camino del actual administración.

'Implantar retenes en la zona urbana y conurbada, revisiones de vehículos en los estacionamientos de parques industriales, cercar la ciudad para impedir el libre tránsito de quienes buscan oportunidades de empleo, así como erradicar prestaciones a empleados de (la industria de) maquila', fueron algunos de los términos anticonstitucionales (sic) que propusieron para abatir la ola criminal que corrompe la frontera, el procurador Molina, el coordinador entre corporaciones policiacas Jorge Ostos (otro panista muy allegado a Francisco Barrio), y el director de la policía municipal Jose Luis Holguín Fierro (también panista). Es decir, quienes combaten el crimen, proponen formas de violación a las leyes que deben cuidar.

'Para ser procurador en este momento en el estado, únicamente se requiere ser un inútil; y para ser comandante de la Judicial únicamente se necesita ser dos o tres veces más inútil que el procurador', dijo el criminólogo Jesús Luis Yepson.

¿Con qué derecho puede la policía, nomás por su antojo, revisar vehículos en estacionamientos de maquila, o implantar retenes en la mancha urbana? ¿Qué la autoridad no se da cuenta que propone francas violaciones a la ley? ¡Claro que no se dan cuenta, porque ni siquiera se han puesto a estudiar las leyes que dicen cuidar y respetar! agrega enfático el criminólogo Yepson Nuñez.

Jesus Luis Yepson, titulado en la Universidad de Nuevo León como Licenciado en Criminología externa, 'no es posible combatir al crimen cuando la escuela para polipreventivos está cerrada y la Academia Estatal de policía hacer cursos de un mes y en menos de lo que canta un gallo ya tiene policías superinvestigadores'.

Tal es el caso del yerno del propio procurador Francisco Molina, Gerardo García Giner, el cual tras cursar un seminario de un mes en materia de investigación básica, fué nombrado jefe de la jurisdicción de Nuevo Casas Grandes, y sin estudiar prácticamente.

En la página 27 de ésta misma revista en la misma fecha, encontramos las siguientes observaciones elaboradas por el periodista Guillermo Terrazas Villanueva bajo su columna Bitácora Política:

El procurador de Justicia en el Estado, licenciado Francisco Molina Ruiz emitió una serie de declaraciones desafortunadas que provocaron daño sensible a su persona y de paso a la administración que encabeza Francisco Barrio Terrazas. En ocasión de la presentación de un proyecto para disminuír el escandaloso incremento de hechos delictivos en Ciudad Juárez, Molina Ruiz al hacer uso de la palabra, derrapó estrepitosamente al barrer y trapear a los medios de comunicación ... y fustigó a las empresas maquiladoras por conceder incentivos y apoyos a la planta laboral, porque ello, en opinión del procurador, estimula significativamente la inmigración de familias enteras procedentes del sur de la República y conlleva un aumento en la comisión de hechos delictivos. Primero acusó a la prensa juarense de magnificar los hechos de sangre con espíritu comercial y de 40 asesinatos cometidos del primero de enero al 22 de febrero, solamente cuatro afectaban a lo que él llamó 'sociedad sana'. Todo indica que para el funcionario, el que se maten entre sí miembros de pandillas juveniles no representa problema de inseguridad pública y dió a entender que por no pertenecer a la 'sociedad sana' no vale la pena que la prensa se ocupe de difundir los hechos violentos en que participan miembros de pandillas, como si se tratara de un pleito entre animales y no entre seres humanos los que, con todo y sus defectos y posibles conductas antisociales, no merecen el desprecio de nadie y menos de quien se supone debe luchar por dar tranquilidad y seguridad a la población. Luego que terminó su desafortunada disertación, el procurador de Justicia fue prácticamente bombardeado por críticas que le lanzaron los dirigentes de los más importantes organismos de la iniciativa privada.

Como estaban ya las cosas, sólo era cuestión de tiempo para que Francisco Molina Ruiz fuera llamado personalmente a rendir cuentas ante el Congreso del Estado. Se podía anticipar el colapso y la remoción del Procurador Francisco Molina Ruiz y muy posiblemente del mismo Gobernador Francisco Barrio Terrazas dada la magnitud de los delitos en que estaba siendo involucrado Francisco Molina Ruiz en su desempeño como Procurador. Pero cuando fué citado a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado (por Ley, los funcionarios de primer nivel están obligados a comparecer ante el Congreso del Estado), Francisco Molina Ruiz se negó en forma terminante a comparecer ante el Congreso, argumentando que era ante el pleno (o sea, con todos los Diputados reunidos) y no ante la Comisión Permanente cuando debía de presentarse (la nota relativa a ésta negativa aparece documentada en primera plana de la sección principal del periódico NORTE de Ciudad Juárez publicado el miércoles 14 de febrero de 1996.) La excusa dada por Francisco Molina Ruiz no presentaba ningún problema para el Congreso del Estado, ya que los Diputados de la Comisión Permanente tenían tiempo de sobra para esperar a que se juntase el pleno, y para entonces Francisco Molina Ruiz ya no podría dar ninguna evasiva, se vería obligado a comparecer. Bajo una circunstancia como ésta, todo estaba listo para detonar como una bomba de tiempo en contra del Procurador Molina Ruiz e inclusive en contra de su protector el Gobernador Barrio Terrazas, arrastrando a ambos hacia un profundo barranco.

Pero justo cuando todo esto iba a ocurrir, sucedió una cosa muy curiosa. El Gobernador Francisco Barrio Terrazas recurrió a sus mejores y más desesperadas influencias ante el panista y Procurador General de la República Antonio Lozano Gracia, para lograr que Francisco Molina Ruiz fuera transferido a la Ciudad de México dejando su puesto como Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua pero recibiendo en la capital de la República uno de los más altos puestos que el Procurador Lozano Gracia le podía conferir, el puesto de... ¡Comisionado del Instituto Nacional del Combtate a las Drogas! (INCD) Ciertamente, los cabecillas del ya para entonces poderosísimo Cártel de Juárez seguramente habrán estado de plácemes ante esta designación que les permitiría infiltrar y corromper toda la estructura del INCD empezando por los mandos superiores, bajo la mirada apática e indiferente de su viejo conocido el ex-Procurador Francisco Molina Ruiz. El gris desempeño logrado por éste Instituto bajo el mando de Molina Ruiz seguido por la negra actuación de su sucesor el General Jesús Gutiérrez Rebollo eventualmente llevaría a la desaparición de éste organismo. Y si bien es cierto que el General Gutiérrez Rebollo incurrió desde su alto puesto de mando dentro del INCD en actos delictivos a favor del narcotráfico que muy bien pudieran ser calificados como actos de traición a la patria por su gravedad, actos que dentro de la Unión Soviética o algún país musulmán lo hubieran llevado directamente al paredón de fusilamiento o al cadalso de la decapitación, lo cierto es que Gutiérrez Rebollo recibió de Francisco Molina Ruiz un Instituto Nacional de Combate a las Drogas infiltrado hasta la médula por el Cártel de Juárez. De cualquier modo, al ser removido de su puesto (tras la remoción del mismo Procurador Antonio Lozano Gracia), nuevamente utilizando su fuerza política y sus grandes influencias dentro del Partido Acción Nacional el Gobernador Francisco Barrio Terrazas se las arregló para que Francisco Molina Ruiz fuera nominado como candidato de dicho partido político al puesto de Senador de la República bajo la categoría de candidato plurinominal, o sea que jamás tendría que contender por el voto directo de la ciudadanía, ni tendría que exponerse jamás a un debate público en el que su negro pasado saliera a relucir, teniendo el puesto prácticamente asegurado. Por otro lado, como ya se afirmó previamente, ambos Francisco Barrio Terrazas y Francisco Molina Ruiz estaban plenamente conscientes de que el puesto de Senador de la República le daría una inmunidad total por tres años al ex-Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua en virtud del fuero del que gozan los Senadores, garantizándole así una protección absoluta dificultando enormemente el que se le pudiera llamar a rendir cuentas. Y después de haber gozado Francisco Molina Ruiz sin merito alguno que justificase tal distinción el puesto de Senador de la República en la LVII Legislatura, lo cual empezó el 1 de septiembre de 1997 y llegó a su conclusión el 31 de agosto del 2000. Pero no quedaría fuera del presupuesto público por mucho tiempo. A instancias muy insistentes de Francisco Barrio y mucho antes de la toma de posesión de Fox como Presidente de México, éste designó a Francisco Molina Ruiz como... ¡el encargado del área de seguridad! Esto lo podemos repasar en un artículo elaborado por Jorge Fernández Menéndez, publicado por Diario Milenio el jueves 8 de febrero del 2001 sobre el tema de Seguridad Nacional con el título "Seguridad: en busca del tiempo perdido", en donde al hablar de el ex-Delegado de la PGR en Guanajuato, José Luis Reyes, y Francisco Molina Ruiz, dice lo siguiente:

Ambos cometieron muchos errores, pero el más memorable fue cuando declararon que el narcotráfico no era un problema de seguridad nacional.

Tras éste breve interludio en el que, siempre amparado con algún bien remunerado empleo gracias a la continuada intercesión de su padrino-protector Francisco Barrio, Francisco Molina Ruiz estuvo al pendiente de las necesidades personales de seguridad del primer Presidente emanado de la derecha que haya tenido México en tiempos modernos, el Presidente Fox no tuvo objeción alguna para que su designado zar anticorrupción (¿?) Francisco Barrio designase a Francisco Molina Ruiz como Oficial Mayor de la SECODAM, poniendo oídos sordos a las numerosas quejas y denuncias que llovían en contra de Francisco Molina Ruiz por su negrísimo pasado, al igual que en estos momentos el mismo Felipe Calderón está poniendo oídos sordos y fingiendo demencia a todas estas quejas y denuncias que por sí solas deberían inhabilitar a Francisco Molina Ruiz para ocupar cargo público alguno por lo que le queda de vida. El nombramiento de Francisco Molina Ruiz como Oficial Mayor de la SECODAM fué oficializado por la Presidencia de la República el 2 de octubre del 2001, de acuerdo al comunicado de prensa 117/2001 emitido por la misma SECODAM.

Así pues, ya como Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terrazas se llevó a su principal cómplice de correrías a la Ciudad de México para darle a Francisco Molina Ruiz el puesto más alto de las mayores confianzas que podía darle dentro de dicha dependencia. Dicho sea de paso, la intención original era ayudar a Francisco Molina Ruiz a colocarse en el 2001 como Procurador General de la República, pero tal vez alguien cercano a Vicente Fox estuvo revisando cuidadosamente los antecedentes de Molina Ruiz y al presentárselos a Fox éste último haya considerado que hacer tal cosa hubiera sido políticamente costoso dados el lamentable desempeño y los negros antecedentes que Francisco Molina Ruiz había dejado atrás en su paso por la Procuraduría del Estado de Chihuahua y en su paso por el Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Dentro del Comunicado de Prensa 117/2001 podemos lo siguiente:

Por acuerdo del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, el Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terrazas, dió posesión como Titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo, a Jesús Mesta Delgado y como Oficial Mayor a Francisco Molina Ruiz.

Tan sólo falta agregar aquí que Jesús Mesta Delgado, quien fuera nombrado por el entonces Gobernador Francisco Barrio Terrazas como Subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado en 1992, y que de 1996 a 1998 fuera Secretario de Finanzas y Administración dentro del equipo de Barrio Terrazas, tal vez haya estado al tanto de los desvíos de dineros del erario público en provecho propio que estuvo llevando a cabo Joaquín Mesta Soulé, el mismo funcionario corrupto mencionado previamente a quien el corrupto Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz protegió de la acción de la justicia a más no poder. Pero esto ya es algo que tal vez sólo el ex-Gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas, Joaquín Mesta Soulé y el ex-Subsecretario de Egresos Jesús Mesta Delgado lo saben.

Resulta digno de una novela surrealista el que ya como Presidente de México Vicente Fox se haya llevado consigo a Francisco Barrio a la Ciudad de México bautizándolo como "zar anticorrupción" pese a que pocos meses atrás los abusos de poder cometidos por Francisco Barrio seguían siendo nota de escándalo en primera plana, ello además de sus presuntos nexos con el narcotráfico que habían salido a la luz en la prensa extranjera. Al terminar Francisco Barrio su negro sexenio como "Gobernador" de Chihuahua (ni siquiera se le puede calificar de gris), además de las enormes sumas de dinero que logró hacer a raudales gracias a los tráficos de influencias llevados a cabo en plena complicidad con su hermano Federico y la complacencia aprobatoria de su corrupto Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz, sumado todo ello a los enormes ingresos presuntamente derivados del narcotráfico (lo que le permitió moverse de una modesta casa de clase media que tenía en Ciudad Juárez a una gran mansión que cuenta hasta con torre de vigilancia), no conforme con todo ello se las arregló para auto-otorgarse un generoso bono de "compensación" a manera de premio a sí mismo al final de su sexenio por su "muy buena labor como Gobernador de Chihuahua" (¿?), una bonanza propia del "Año de Hidalgo" que antes tanto condenaban los panistas cuando eran un miserable e insignificante partido de oposición, una bonanza a costillas del erario público de la cual hizo partícipes a sus colaboradores cercanos. En un artículo publicado en el periódico NORTE de Ciudad Juárez el miércoles 12 de mayo de 1999 en primera plana a ocho columnas podemos ver una lista bajo el encabezado "Revelan 'bonos' barristas", con una nota en la cual se agrega lo siguiente:

Denuncia diputación priísta en Congreso 'dispendio' de anterior administración estatal

El Gobernador y los funcionarios de la pasada administración estatal se autoliquidaron con más de 30 millones de pesos al finalizar su sexenio, reveló y denunció ayer en tribuna el presidente del Congreso del Estado, Manuel Chávez Rodríguez.

Tras calificar las compensaciones como dispendiosas, y en respuesta a señalamientos de la diputada panista Teresa Ortuño, documentos probatorios en mano el priísta Chávez Rodríguez dió a conocer información que no se había proporcionado sobre las liquidaciones que se otorgaron los anteriores administradores del Ejecutivo.

Destacan en la lista del legislador el exgobernador Francisco Barrio, quien recibió 476 mil 785 pesos al concluír su mandato; el exsecretario general de Gobierno (por unos cuantos meses) Hugo Gutiérrez Dávila y el Director de Finanzas, Jesús Mesta, con 338 mil 058 pesos cada uno.

El escándalo de éste virtual saqueo de las arcas públicas para enriquecer personalmente a Francisco Barrio Terrazas y a sus más íntimos allegados y "compadres políticos" fué tan descarado e inusual que podemos leer a un lado de ésta nota otra nota relacionada -bajo el encabezado "Prohíben compensar a servidores"- que dá a conocer que a raíz de éste atropello al erario estatal el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó en poco tiempo reformas legales para impedir que funcionarios públicos en el Estado reciban "bonos de retiro" o compensación al concluír sus períodos. La nota dice lo siguiente:

La iniciativa aprobada ayer y que reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue presentada por el gobernador Patricio Martínez.

La fracción reformada es la XX, artículo 23, y ordena a los funcionarios públicos de todos los niveles 'abstenerse de disponer o recibir recursos públicos a título de bono de retiro, compensación económica o de cualquier otra denominación, por el solo hecho de haber concluído los períodos establecidos en la Constitución'.

Como lo indica la nota periodística, fué el mismo Gobernador (priista) Patricio Martínez quien presentó ésta iniciativa de Ley para firmarla en cuanto fuera aprobada por el Congreso, pese a que apenas tenía poco más de medio año de haber tomado posesión de su cargo; mientras que en cambio Francisco Barrio Terrazas jamás presentó en sus seis años como Gobernador una iniciativa similar pese a que como candidato había criticado duramente la práctica de algunos funcionarios de enriquecerse a costillas del erario público, práctica en la que el mismo Francisco Barrio Terrazas terminó incurriendo despachándose con la cuchara grande sin mostrar jamás vergüenza alguna por tan socarrona actitud hacia el Estado que lo vió nacer, demostrando en los hechos ser tan corrupto como el Procurador de Justicia con el cual empezó su sexenio.

Y hablando de cosas que empezaron a salir a la luz pública tiempo después de que Francisco Barrio concluyó su sexenio como Gobernador de Chihuahua, veamos lo que dice la siguiente nota aparecida en LA JORNADA el miércoles 23 de agosto del 2000, la cual habla en términos poco elogiosos del ex-Procurador de Justicia de Chihuahua Francisco Molina Ruiz:

Habría sido beneficiario de expropiación, a instancias de Francisco Barrio

Imputan a Molina Ruiz tráfico de influencias

La Contaduría del Congreso de Chihuahua ha documentado las anomalías administrativas

Miroslava Breach Velducea, corresponsal, Chihuahua, Chih., 22 de agosto ¤ Francisco Molina Ruiz, miembro del equipo de transición de Vicente Fox en el área de seguridad, habría sido favorecido, junto con uno de los clientes de su despacho jurídico, por la expropiación ilegal de un predio de 300 hectáreas por el que la administración del ex gobernador Francisco Barrio Terrazas pagó casi 3 millones de dólares.

Los pormenores sobre las anomalías en la expropiación fueron documentados en el informe de los auditores de la Contaduría General del Congreso del Estado, luego de que la fracción parlamentaria del PRD solicitó una revisión específica sobre la situación de un predio perteneciente a la colonia Cuauhtémoc, donde los residentes sostenían un viejo litigio con el particular Angel Nicolás Velgis, quien a lo largo de diez años fue representado por el abogado Francisco Molina Ruiz, hasta que éste se convirtió en procurador general de Justicia del Estado, durante el sexenio de Barrio Terrazas, y su despacho privado logró ganar el litigio a favor de su cliente.

Según el informe de la Contaduría General del Congreso remitido al presidente de la Comisión de Vigilancia, la expropiación del predio, realizada con fines de utilidad pública, no se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento legal, a pesar de que el erario estatal pagó, en 1993, 8 millones de pesos por la transacción, incluidos 46 mil 669 pesos de intereses correspondientes a un préstamo quirografario por 410 mil pesos, otorgado por Mercantil Probursa a favor del licenciado Francisco Molina Ruiz, que fueron cargados contablemente en la Dirección de Finanzas del gobierno del estado a la cuenta de Angel Nicolás Velgis, cliente del despacho jurídico de Molina, quien durante ese periodo se desempeñaba como titular del Ministerio Público Estatal.

Según el documento de la Contaduría General del Congreso, la expropiación del predio de la colonia Cuauhtémoc es ilegal porque se realizó con fines de utilidad pública a nombre del organismo Promotora de la Industria Chihuahuense, para solucionar un conflicto agrario. Sin embargo, posteriormente, la empresa -una entidad descentralizada del gobierno del estado- entregó la propiedad a Velgis, a pesar de que antes el erario estatal lo había indemnizado con 1 millón 400 mil pesos para que se diera por concluido el litigio con los colonos, que se habían inconformado por la instalación ilegal de una planta de extracción de mármol.

La legisladora del PRD Alma Gómez solicitó al pleno del Congreso del Estado que en la aprobación de la cuenta pública de Promotora de la Industria se separara lo concerniente a la expropiación de las 300 hectáreas, ante la sospecha fundada de que existió trafico de influencias para favorecer un caso que litigó por diez años el ex procurador Francisco Molina Ruiz, y que fue uno de los asuntos a discutir en la agenda de asuntos pendientes del equipo de transición que condujo la entrega-recepción del gobierno del estado en 1992, cuando el priísta Fernando Baeza entregó el poder al panista Francisco Barrio Terrazas.

Barrio Terrazas insistió entonces en la necesidad de que Baeza, en un último acto de gobierno, expropiara el predio, pagara a los colonos y al particular, que había ganado un amparo federal. Sin embargo, fue hasta 1993, meses después de iniciada la nueva administración, cuando concluyó la operación y se supo que una de las partes involucradas estaba representada legalmente por el bufete jurídico del entonces procurador general del estado.

La razón por la cual toda ésta información pudo salir a la luz pública sin restricción alguna es porque cuando el artículo apareció publicado Francisco Barrio había perdido ya todo su poder político en el Estado de Chihuahua en 1998 al perder el Partido Acción Nacional la Gubernatura (además de volver a perder nuevamente el Congreso del Estado) después de haber perdido en 1995 la mayoría absoluta que detentaba en el mismo Congreso estatal, de modo tal que todos los malos manejos de los dineros del pueblo así como otros "trafiques" quedaron expuestos al escrutinio de la administración del Gobernador Patricio Martínez sin que hubiese intención alguna de éste último de ayudar a su corrupto predecesor ocultándole información a la prensa.

Lamentablemente, pese a que había material más que suficiente para proceder penalmente en contra de Francisco Molina Ruiz, no se podía hacer absolutamente nada en contra suya en virtud de que Francisco Barrio previamente había estado "pateando puertas" y rogando desesperado para que por parte del Partido Acción Nacional se colocase a Molina Ruiz en cargos en donde por virtud de su fuero no se le pudiese arrestar ni procesar penalmente, cargos tales como Senador de la República (¡plurinominal, naturalmente!), cargos con la suficiente duración de tiempo como para que la mayoría de los delitos de los que se le pudiera acusar prescribiesen por la acción del tiempo.

El legado dejado por Francisco Barrio Terrazas y sus corruptos procuradores de Justicia en su paso por las esferas del poder en Chihuahua fué poco menos que trágico. Desde el lunes 3 de mayo de 1993 cuando fué encontrado el cadáver de la primera mujer asesinada a tres metros de la orilla de un canal de riego hasta que concluyó el sexenio del Gobernador Barrio en 1998, se cometieron un total de 137 asesinatos de mujeres en lo que la destacada intelectual Elena Poniatowska (a quien el líder moral del Yunque Manuel Espino Barrientos detesta) llamó un "matadero de mujeres", y ésto sin contar los cientos de mujeres desaparecidas cuyos cuerpos jamás han sido encontrados, bajo una brutal apatía oficial combinada con una ineptitud digna de un primate descalabrado que recibiría una condena de parte de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos. Posiblemente los únicos que habrán estado muy conformes y muy satisfechos con la labor desarrollada por el equipo de funcionarios encargados de la procuración de justicia bajo Francisco Barrio habrán sido los operadores del Cártel de Juárez lidereados por Don Amado Carrillo Fuentes.

Dos años después de que se le diese en charola de plata su inmerecido nombramiento como Oficial Mayor de la SECODAM al inútil de Francisco Molina Ruiz, algunas de las madres de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez que el 25 de noviembre del 2003 se reunieron con Vicente Fox en Los Pinos para reclamarle justicia no desaprovecharon la oportunidad para pedirle que se fincasen responsabilidades en contra de ex funcionarios del gobierno de Francisco Barrio que se encontraban laborando en la Secretaría de la Función Pública (el nuevo nombre de la SECODAM). Por "negligencia, encubrimiento o participación" en distintos delitos relacionados con los crímenes, las madres exigieron que se investigase la actuación de Francisco Molina Ruiz, de Alejandro Castro Valles (ex-Primer Comandante de la Policía Judicial de Chihuahua), y su escolta, Jaime Gurrola, entregándole a Vicente Fox un largo largo reporte sobre negligencias y omisiones en las pesquisas desde 1995. El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha simplemente se comprometió a leer sus demandas y enlistó los "logros" del gobierno federal desde que se impulsaron las 40 acciones del Plan Integral de Seguridad Pública. A fin de cuentas, los reclamos cayeron en oídos sordos. Molina Ruiz no sólo no sería procesado y metido a la cárcel, el lugar apropiado en donde debería estar, sino que fue sostenido en su puesto pese a los reclamos de una sociedad indignada.

Otra persona indignada y ofendida por la basura de justicia entregada por el bien pagado Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz es Jaime Hervella, un ciudadano de El Paso que fundo la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, el cual ha expresado: "De acuerdo con sus convivencias (las del Gobernador Francisco Barrio y el Procurador Francisco Molina Ruiz) nos piden que dejemos descansar a los muertos. Tal parece que a las autoridades estatales o federales jamás les interesará resolver ese cáncer, debido a que está de por medio la participación muy clara de autoridades de los tres niveles", añadiendo que en su búsqueda y reclamos de justicia los familiares y amigos de personas desaparecidas han padecido: "Una indiferencia criminal del gobierno de Francisco Barrio, los ataques virulentos de Francisco Molina Ruiz, la ineptitud de Arturo Chávez Chávez y de Jorge López Molinar".

Siendo Oficial Mayor de la SECODAM, el prepotente y soberbio Francisco Molina Ruiz no perdió la oportunidad para recetarle a los integrantes del Congreso de la Unión la misma dosis de su proverbial e insultante arrogancia -como la que ya anteriormente les había dispensado a los Congresistas del Estado de Chihuahua cuando los dejó plantados- a los cuales calificó de mentirosos inventores de cifras. Esto ocurrió en la comparecencia que tuvo ante el Congreso de la Unión en noviembre del 2002 en donde después de mostrar un comportamiento altanero prácticamente fué obligado a perdir disculpas, según lo podemos comprobar leyendo una nota elaborada por Jorge Teherán y Sergio Javier Jiménez publicada por EL UNIVERSAL el 28 de noviembre del 2002, que dice así:

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados exigió a la Secretaría de la Contraloría entregar información pormenorizada del número de trabajadores que existe en el gobierno federal, el costo de las auditorías externas, así como una lista completa de las auditorías que se han realizado a los estados, ya que 'se presupone que esta dependencia es utilizada con fines políticos'.

En reunión con el oficial mayor de Secodam, Francisco Molina Ruiz, los legisladores de PRI y PRD advirtieron que se analizará la conveniencia de que esta dependencia se mantenga, pero 'esto no quiere decir que haya impunidad, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede cumplir con esas funciones'.

El encuentro de legisladores y el funcionario fue ríspido y, en algunos momentos, Molina Ruiz acusó a los diputados de desconocer la ley e inventar cifras.

La actitud del oficial mayor fue calificada por el secretario de la Comisión de Presupuesto, Abel Trejo González (PRI), como 'beligerante', por lo que Molina Ruiz pidió disculpas a los diputados.

Y es que en el encuentro, PRI y PRD criticaron el presupuesto solicitado por la Secodam. David Penchyna (PRI) argumentó que el presupuesto total de la dependencia es cercano a los 3 mil millones de pesos, y no mil 200 como se señala en el proyecto de presupuesto 2003.

Jaime Alcántara (PRI) pidió a Molina Ruiz que la Cámara de Diputados tenga conocimiento de todo lo que se destina a control presupuestal.

Tomás Torres (PRD) expuso que Secodam debe informar con claridad por qué falta a los principios de transparencia que debe obedecer.

Como podemos leer en la nota, al darse cuenta de que había hablado más de la cuenta insultando a los legisladores, el incompetente Francisco Molina Ruiz ampliamente conocido por su trato despótico y prepotente hizo algo que nunca antes había hecho en su vida públicamente ante nadie: pidió disculpas, muy forzadas quizá a sabiendas de que la existencia misma de la SECODAM se estaba debatiendo en el Congreso y dependía del visto bueno de los legisladores a los que acusó de ignorantes y mentirosos, pero al fin y al cabo, disculpas. No se sabe de ninguna otra ocasión posterior en la que haya mostrado tal humildad, así sea forzada por las circunstancias.

Ya mencionamos cómo en marzo de 1996 la terrible ineptitud e incompetencia de Francisco Molina Ruiz, además de su manifiesta corrupción, obligó a su protector el Gobernador Francisco Barrio Terrazas a removerlo de su cargo como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, obteniéndole como gran premio de "consolación" el puesto de Comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, puesto del cual Francisco Molina Ruiz fué echado a la calle al poco tiempo. Y siete años después, en el 2003, el mismo Francisco Barrio Terrazas, pagando caro los malos (o mejor dicho, pésimos) consejos legales dados por su imbécil Oficial Mayor en la SECODAM, Francisco Molina Ruiz, quien lo involucró en el escándalo estúpido del Pemexgate convenciéndolo de que muy pronto iban a tener "peces gordos" en la cárcel sólo para terminar el asunto con puros charales de relevancia insignificante "castigados" con simples multas administrativas, se vió obligado él mismo en el mayor de los descréditos a abandonar su cargo como Secretario de la SECODAM, usando como justificante el haber obtenido como "premio de consolación" su postulación -sin competir dentro del PAN para ello- para Diputado Federal por parte del PAN, una postulación que tuvo que ser hecha por la vía plurinominal a sabiendas de que si Barrio se lanzaba compitiendo por el voto directo del pueblo lo más probable es que habría terminado derrotado ampliamente en las urnas con un duro voto de castigo en retribución a su solapamiento de la corrupción, su doble discurso, su doble moral, su imbecilismo político, y su propia descomposición ética que lo llevó a enriquecerse ampliamente gozando de los tráficos de influencias que le dieron sus cargos públicos. En la portada de la revista PROCESO publicada el 16 de marzo del 2003 tenemos la imagen que dejó el corrupto Francisco Barrio en su paso por la SECODAM con mayor pena que gloria (el gran parecido físico de éste hombre con cierto personaje histórico famoso de Alemania que muchos alemanes quisieran olvidar siempre ha sido un aliciente que ha movido a varios alucinados ultraderechistas infiltrados dentro del PAN a apoyarlo en sus aventuras políticas, lo cual ha sido aprovechado por él cuantas veces ha podido, aunque a fin de cuentas termine decepcionando a quienes creyeron que su cerebro tenía capacidades mucho mayores que las que realmente tiene):

En su discurso de despedida de la SECODAM dado el 31 de marzo del 2003, muy posiblemente deslumbrado con las falsas expectativas que le haya estado metiendo en la cabeza el aún Oficial Mayor de la SECODAM Francisco Molina Ruiz, Francisco Barrio no perdió la oportunidad para salir con una sarta de nuevas sandeces tales como el anuncio espectacular del supuesto "descubrimiento" de la supuesta existencia de mafias supuestamente dedicadas a un supuesto tráfico de órganos (presuntamente, en la Unidad de Transplantes Renales del Hospital de La Raza del IMSS) así como la supuesta presencia del crimen organizado en la venta de hidrocarburos dentro de PEMEX, señalamientos aventurados y escandalosos que terminaron inclusive peor que el asunto del Pemexgate, ya que jamás salió de la SECODAM denuncia alguna ante un Juez penal para sustentar tales afirmaciones. A esto es a lo que eventualmente conduce el rodearse de gente tan inepta e incompetente -además de corrupta- como Franciso Molina Ruiz. Ya mencionamos también cómo antes de abandonar la SECODAM para siempre, Francisco Barrio se aseguró primero -pataleando, lloriqueando e hincándose de rodillas ante Vicente Fox- de que a su protegido Francisco Molina Ruiz le respetarían su chamba como Oficial Mayor de la SECODAM, y para garantizar que esto fuera así Vicente Fox metió como reemplazo de Barrio en la SECODAM precisamente a quien fué el secretario de gobierno de Francisco Barrio cuando éste último fué Gobernador de Chihuahua, otro de los cómplices incondicionales de ese club tan selecto como putrefacto conocido como La Familia Feliz, Eduardo Romero Ramos, quien además de servirles de tapadera tanto a Francisco Molina Ruiz como a Francisco Barrio en su paso deslustrado por las esferas del gobierno chihuahuense cuenta también con su propio historial de dudosos antecedentes:

Por su parte, Francisco Barrio, a salvo de la ira de los electores, con la chamba segura a causa de su nominación plurinominal, después de su paso inútil por la SECODAM iría a la Cámara de Diputados para desempeñar un papel desastroso como líder -sin mérito alguno para merecer tal distinción- de la bancada panista, en donde fué totalmente incapaz de lograr consenso alguno con los congresistas de la oposición para poder sacar adelante alguna de las más importantes y más apremiantes iniciativas foxistas en cuanto a cosas trascendentales como una Reforma del Estado o una Reforma Fiscal, convirtiéndose en un vividor profesional del presupuesto oficial usando su cargo inclusive para irse a operar a Houston al hospital más caro y más lujoso del mundo (el hospital Saint Luke's, en Houston) aunque lo suyo no era una emergencia médica sino una operación rutinaria que había sido prevista desde hace treinta años, una operación hecha completamente con cargo al erario público mientras que los demás mexicanos debían conformarse con atenderse en el IMSS o en el ISSTE... si tenían la fortuna de estar asegurados. Aquí refrendó el ex-"zar anticorrupción" su fama de abusivo e insensible (además de encubridor y corrupto) que logró ganarse a pulso en su paso por la gubernatura de Chihuahua. De aquí saldría del Congreso de la Unión a los dos años para lanzarse a su peor aventura política, su búsqueda de la Presidencia de México, cargo del cual se creía plenamente merecedor pese al lastre de corrupción e ineptitud arrastrado por él desde hace mucho tiempo atrás, creyendo en su pequeño cerebro que el pueblo jamás le cobraría las facturas pendientes. En efecto, su inflada egolatría le hizo seguir creyendo hasta el final que en unas elecciones libres el pueblo de México entero votaría abrumadoramente por él para llevarlo en hombros hasta la Presidencia de la República, una posibilidad que su misma vanidosa cobardía le impidió poner a prueba cuando optó por contender para Diputado por la vía segura, por la vía plurinominal. Esta aventura terminó cuando se dió cuenta en las encuestas de que no tenía ni siquiera el diez por ciento de las preferencias dentro de su propio partido e inclusive dentro de su propio Estado natal, tras lo cual se retiró lacrimosamente de la contienda alegando "decepcionado" que la contienda no era pareja sin entrar en más detalles. Y es que, ya para entonces, hasta sus colegas Yunquistas y sus "amigos" egresados de la ultraderechista Universidad Autónoma de Guadalajara lo habían abandonado, dándose cuenta de que el imbecilismo político y la manifiesta corrupción que carcomían el alma de este iluso sólo podían llevar al infiltrado Partido Acción Nacional a una espantosa derrota en las urnas y a la pérdida de la silla presidencial en el 2006. De cualquier modo, aunque Francisco Barrio Terrazas por el negro pasado que arrastra detrás de sí -de lo cual tan sólo hemos visto la punta del iceberg- nunca podrá aspirar por lo que le resta de vida a ser Presidente de México -lo cual para sus propios familiares tal vez sea un motivo de pena y de lástima considerando que en los años ochenta este hombre parecía tener todas las circunstancias del destino a su favor para encaminarse directamente hacia la Presidencia de la República-, queda su negro legado a través de cómplices suyos como Francisco Molina Ruiz que inscrustados en estos momentos en las más altas esferas del gobierno federal aún le pueden hacer mucho daño a México.